Fernando Bouza

Todo empezó con un simple memorial de petición para imprimir un libro firmado por Miguel de Cervantes que fue elevado al Consejo Real de Castilla a través de la secretaría de Juan Gallo y del que el alto tribunal de gobierno empezó a ocuparse el 20 de julio de 1604. El consejero Gil Ramírez de Arellano fue quien recibió la encomienda de concederle, o no, lo que pedía y, en consecuencia, quien decidió que Antonio de Herrera realizase su censura, firmada por el cronista el 11 de septiembre y ahora por fortuna recuperada. El seguimiento de los distintos pasos por los que el manuscrito titulado entonces El Ingenioso Hidalgo de la Mancha se convirtió en las aventuras impresas de Don Quijote de la Mancha entre julio y diciembre de 1604 permite adentrarse en el proceso de aprobación de textos que era preceptivo para la impresión de un libro en el Siglo de Oro. Autores y censores, libreros e impresores, encomenderos y secretarios revelan las prácticas cotidianas en la concesión o denegación de licencias de impresión y en la fijación de la tasa que hacían una realidad concreta de la compleja normativa en estas materias acumulada desde tiempos de los Reyes Católicos. Su análisis permite conocer mejor la tramitación de la censura previa en España, mostrando cómo la existencia de evidentes intereses mercantiles en torno al libro o la rivalidad entre quienes eran autores y, al tiempo, censores ayudaron a la construcción de la moderna república de las letras hispana.

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